- Las organizaciones CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación Ferroviario pactan también una concentración ante el Congreso el día 16.
- La propuesta se ha trasladado a Renfe, mientras los maquinistas mantienen sus propias movilizaciones para los días 10 y 12 de noviembre.
El conflicto laboral en el sector ferroviario suma un nuevo episodio tras el acuerdo alcanzado por el comité de empresa de Adif para convocar una huelga de 24 horas el próximo 17 de noviembre. La decisión, adoptada este martes 3 de noviembre por las organizaciones sindicales representadas en el comité, responde a la preocupación de los trabajadores por la seguridad del sistema ferroviario y a la exigencia de introducir cambios estructurales en su organización.
La iniciativa cuenta con el respaldo de CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), las cinco organizaciones que integran el comité de empresa. Junto al paro previsto para el martes 17, los representantes sindicales han acordado celebrar una concentración ante el Congreso de los Diputados el lunes 16, como parte de un calendario de movilizaciones dirigido a reclamar medidas urgentes para reforzar la seguridad de la circulación ferroviaria.
El anuncio se produce en un momento de especial tensión para el transporte ferroviario, después de los accidentes mortales registrados durante 2026 en Adamuz, en la provincia de Córdoba, y en Urda, en Toledo. Ambos sucesos han intensificado las demandas de los representantes de los trabajadores, que reclaman revisar los procedimientos, reforzar los recursos y abordar los problemas que, a su juicio, afectan al funcionamiento del sistema.
La convocatoria de Adif abre, además, la posibilidad de una nueva movilización conjunta de las plantillas del sector. La propuesta se ha trasladado al comité de empresa de Renfe para que valore su participación en el paro del 17 de noviembre. Sin embargo, en el momento en que se comunicó el acuerdo, esa adhesión todavía no estaba cerrada y no existía una confirmación definitiva de que los trabajadores de la operadora ferroviaria fueran a secundar la huelga.
Una convocatoria pendiente de concretar en Renfe
La situación de Renfe constituye uno de los principales elementos todavía abiertos en el calendario de protestas. Los sindicatos de Adif han trasladado la propuesta al comité de empresa de la operadora con la intención de que la respuesta del sector pueda coordinarse. No obstante, las informaciones difundidas tras la reunión del 3 de noviembre señalaban que las organizaciones de Renfe aún estaban estudiando su posición.
Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) indicaron que, en ese momento, no disponían de información sobre una posible adhesión a la nueva convocatoria. Por su parte, fuentes de CCOO señalaron que el anuncio de una huelga en Renfe todavía se encontraba en fase de negociación y coordinación. Por tanto, el acuerdo adoptado por el comité de Adif no debía interpretarse como una convocatoria ya confirmada para el conjunto de las empresas ferroviarias.
La diferencia resulta relevante para los usuarios, ya que Adif y Renfe desempeñan funciones distintas dentro del sistema. Adif es el administrador de las infraestructuras ferroviarias, mientras que Renfe presta servicios de transporte de viajeros y mercancías. Una eventual participación de ambas plantillas ampliaría el alcance de las movilizaciones, aunque sus efectos concretos dependerían de las convocatorias definitivas y de los servicios mínimos que pudieran establecerse.
El calendario sindical contempla también una nueva reunión del comité de empresa de Adif el miércoles 18 de noviembre. En ese encuentro, las organizaciones prevén analizar la evolución de la situación y valorar si resulta necesario impulsar nuevas acciones. La reunión permitirá examinar el desarrollo de las movilizaciones y la respuesta que hayan recibido sus reivindicaciones.
Los maquinistas mantienen sus propios paros para los días 10 y 12
La huelga acordada en Adif no es la única movilización prevista durante noviembre. Semaf había anunciado previamente paros para los días 10 y 12, con un calendario propio de protestas relacionado con las condiciones de seguridad y funcionamiento de la red ferroviaria.
Las reivindicaciones de los maquinistas incluyen mejoras en la fiabilidad de la infraestructura, protocolos de actuación más claros ante fenómenos meteorológicos adversos, refuerzo de las plantillas y una comunicación más eficaz cuando se producen emergencias. También han planteado cuestiones relacionadas con la formación y las promociones de nuevos conductores, el cumplimiento de los tiempos de conducción y la atención psicológica a los profesionales que se enfrentan a situaciones traumáticas durante su actividad.
Estas demandas se suman a las planteadas por los representantes de Adif, aunque las convocatorias responden a decisiones sindicales diferenciadas. La coincidencia temporal de las protestas refleja el aumento de la preocupación en distintos colectivos ferroviarios después de los accidentes registrados durante el año.
La sucesión de movilizaciones vuelve a situar la seguridad ferroviaria en el centro del debate público. Los sindicatos reclaman que las medidas no se limiten a actuaciones puntuales después de cada accidente, sino que formen parte de una revisión más amplia de los recursos humanos, la coordinación operativa y los procedimientos de trabajo.
CCOO reclama recuperar la coordinación entre infraestructura y operación
Entre las principales reivindicaciones planteadas por el comité destaca la necesidad de modificar el modelo de organización ferroviaria. Comisiones Obreras sostiene que la separación entre la gestión de las infraestructuras y la prestación de los servicios ha contribuido a fragmentar el sistema y considera necesario recuperar una mayor coordinación entre ambas actividades.
En su comunicado, el sindicato relaciona la configuración actual del ferrocarril con las sucesivas directivas europeas que impulsaron la separación de funciones y la apertura del mercado a distintos operadores. A juicio de CCOO, ese proceso ha debilitado la coordinación que debe existir entre quienes administran las vías y quienes utilizan esas infraestructuras para prestar servicios de transporte.
La organización reclama, por ello, constituir un grupo público de empresas que permita recuperar mecanismos de coordinación entre la infraestructura y la operación ferroviaria. La propuesta supone revisar la estructura actual del sector y reforzar la colaboración entre las entidades que intervienen en la circulación de los trenes.
El sindicato considera que la coexistencia de distintos operadores sobre una misma infraestructura exige procedimientos especialmente eficaces para gestionar incidencias técnicas y situaciones de circulación degradada. En esos escenarios, la transmisión de información entre los responsables de la infraestructura y las empresas ferroviarias resulta esencial para coordinar las decisiones operativas.
La reivindicación no se limita, por tanto, a reclamar más personal o recursos materiales. También pone el foco en la organización del sistema, la comunicación entre los distintos actores y la capacidad de respuesta ante incidencias que puedan afectar a la circulación. CCOO defiende que la seguridad debe abordarse desde una perspectiva global, en la que las responsabilidades y los protocolos estén claramente definidos.
El precedente de la huelga de febrero tras el accidente de Adamuz
La nueva convocatoria recuerda el conflicto laboral que se produjo en febrero, después del accidente ferroviario de Adamuz y del siniestro registrado en Gelida, en Barcelona. En aquella ocasión, los sindicatos mayoritarios anunciaron una huelga entre los días 9 y 11 de febrero para reclamar garantías de seguridad y cambios en el funcionamiento del sistema ferroviario.
La convocatoria llegó a mantenerse después de varias reuniones entre los representantes sindicales y el Ministerio de Transportes. El 4 de febrero, el encuentro entre el ministro Óscar Puente y las organizaciones CCOO, UGT y Semaf terminó sin acuerdo, por lo que los paros continuaron inicialmente previstos. Las partes se emplazaron entonces a seguir negociando para intentar desbloquear el conflicto.
Finalmente, el mismo 9 de febrero, fecha en la que comenzaba la huelga, los sindicatos mayoritarios comunicaron la desconvocatoria después de alcanzar un entendimiento con el Ministerio de Transportes tras varias reuniones. Aquel episodio evidenció la capacidad de la negociación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para frenar una movilización de alcance estatal, aunque las reivindicaciones sobre seguridad y condiciones de trabajo continuaron formando parte de la agenda ferroviaria.
La convocatoria de noviembre vuelve a plantear un escenario de negociación entre los trabajadores y la Administración. Sin embargo, el nuevo calendario de protestas se produce después de otro accidente de gran impacto, el registrado en Urda, y con una parte de las organizaciones sindicales reclamando que las medidas que se adopten tengan un carácter estructural.
Transportes defiende el aumento de personal en los centros de control
En paralelo a las demandas sindicales, el Ministerio de Transportes ha defendido la evolución de las plantillas encargadas de la regulación y el control de la circulación ferroviaria. El ministro Óscar Puente afirmó el pasado viernes que los centros de control de Adif no se encuentran «infradotados» y aportó cifras sobre el incremento de trabajadores durante la última década.
Según los datos expuestos por el ministro, el número de empleados en estos centros habría pasado de 1.008 en 2016 a 1.762 en la actualidad. Puente sostuvo que ese aumento representa un crecimiento aproximado del 60 % y utilizó estas cifras para respaldar su posición frente a las críticas relacionadas con la disponibilidad de personal.
La explicación del Ministerio introduce otro elemento en el debate: mientras los sindicatos reclaman revisar la organización del sistema y reforzar las garantías de seguridad, el departamento dirigido por Puente defiende que se ha producido un incremento significativo de los recursos humanos en los centros de regulación.
Las cifras ofrecidas por el ministro, sin embargo, no resuelven por sí solas las diferencias sobre el modelo ferroviario. Las organizaciones sindicales plantean cuestiones que van más allá del número total de trabajadores, entre ellas la coordinación entre empresas, la distribución de responsabilidades, los procedimientos de comunicación y la respuesta ante situaciones excepcionales.
La discusión sobre las plantillas y el funcionamiento de los centros de control deberá diferenciarse, además, de las investigaciones técnicas que correspondan para esclarecer las causas de los accidentes. Las reivindicaciones laborales y las explicaciones políticas forman parte del debate público, pero no sustituyen las conclusiones que deban establecer las investigaciones sobre cada siniestro.
Un noviembre marcado por la tensión en el ferrocarril
El calendario anunciado dibuja varias semanas de movilización en el sector. Los paros de Semaf previstos para los días 10 y 12, la concentración ante el Congreso del día 16 y la huelga de 24 horas acordada por el comité de Adif para el 17 sitúan la seguridad ferroviaria en el centro de la agenda sindical.
A esa planificación se suma la posibilidad de que los representantes de Renfe decidan incorporarse a la convocatoria, una cuestión que todavía estaba pendiente de concretarse tras el anuncio inicial. La reunión prevista para el día 18 permitirá a los sindicatos de Adif evaluar la situación y estudiar los siguientes pasos.
Por el momento, el mensaje de las organizaciones convocantes es que el debate no puede limitarse a las consecuencias inmediatas de los accidentes. Reclaman una revisión del modelo ferroviario, medidas que refuercen la seguridad y una mayor coordinación entre los responsables de las infraestructuras y los operadores.
La evolución de las negociaciones durante los próximos días será determinante para conocer el alcance definitivo de las protestas y si las movilizaciones terminan extendiéndose a más trabajadores del sector. También quedará por concretar cómo se articularán las reivindicaciones sindicales y qué respuesta ofrece el Ministerio ante las demandas de cambios organizativos y refuerzo de la seguridad.
La huelga del 17 de noviembre se perfila así como una nueva prueba para las relaciones entre los representantes de los trabajadores y la Administración ferroviaria, en un contexto en el que la confianza en el funcionamiento del sistema se ha visto sometida a una fuerte presión por los accidentes mortales de 2026.
