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El Gobierno de Sánchez financió con 754 millones de euros trenes para Marruecos equipados con el sistema ETCS N2, mientras la línea de Urda seguía pendiente de modernizar su seguridad

El Gobierno de Sánchez financió con 754 millones de euros trenes para Marruecos equipados con el sistema ETCS N2, mientras la línea de Urda seguía pendiente de modernizar su seguridad
Tren de alta velocidad en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla. La modernización de los sistemas de seguridad ha cobrado protagonismo tras el accidente de Urda y la polémica por la financiación de trenes para Marruecos. / Archivo
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Los convoyes adquiridos por Marruecos a la empresa española CAF incorporan el sistema europeo de protección ferroviaria ETCS de nivel 2, una tecnología más avanzada que permite la comunicación continua mediante radio.

La línea Madrid-Sevilla, donde se produjo el accidente mortal de Urda, continuaba utilizando el sistema LZB.

A esta diferencia tecnológica se suma la polémica por los recortes aceptados por Adif en el contrato de renovación de las instalaciones de seguridad, que dejó fuera de determinadas actuaciones a la central de Urda.

La seguridad ferroviaria española vuelve a estar en el centro del debate político y técnico tras conocerse nuevos detalles sobre las inversiones destinadas a modernizar la red ferroviaria de Marruecos y las decisiones adoptadas durante la renovación de los sistemas de protección de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La comparación ha adquirido especial relevancia después del accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en las proximidades de Urda (Toledo), donde la colisión entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo provocó 69 fallecidos y más de un centenar de heridos.

La controversia se centra en dos cuestiones diferentes, aunque relacionadas con la modernización ferroviaria. Por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en febrero de 2025 una financiación reembolsable de hasta 754,3 millones de euros para que Marruecos adquiriese hasta 40 trenes interurbanos fabricados por empresas españolas. Las especificaciones técnicas de los convoyes adjudicados a CAF contemplan la incorporación del sistema ETCS de nivel 2, integrado en el estándar europeo ERTMS.

Por otro lado, ha trascendido que Adif aceptó una importante reducción de determinadas partidas del contrato de renovación de las instalaciones de señalización y seguridad de la línea Madrid-Sevilla. Entre ellas figura una rebaja del 72,17 % en el presupuesto destinado al software de las centrales LZB. La documentación contractual conocida apunta a que la central de Urda quedó fuera de las instalaciones en las que se concentraron las actuaciones previstas para actualizar ese software.

La coincidencia de ambos asuntos ha abierto interrogantes sobre las prioridades de inversión, los criterios utilizados para adjudicar los contratos y el retraso en la implantación de tecnologías ferroviarias más modernas en España. Sin embargo, hay una cuestión fundamental que debe quedar clara: a día de hoy no existe una conclusión técnica definitiva que permita afirmar que la instalación del ETCS de nivel 2 o la renovación del software de Urda habrían evitado necesariamente el accidente.

Los 754 millones destinados a los trenes de Marruecos

La operación financiera entre España y Marruecos se aprobó el 11 de febrero de 2025, cuando el Consejo de Ministros autorizó un crédito reembolsable de hasta 754.302.566 euros con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

El objetivo era financiar el suministro de hasta 40 trenes interurbanos para la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF), dentro del programa de modernización de su red ferroviaria.

Unas semanas después, el proyecto se materializó mediante la adjudicación a la compañía española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de un contrato valorado en aproximadamente 600 millones de euros. El acuerdo contemplaba inicialmente la fabricación de 30 trenes intercity, con posibilidad de ampliar el suministro mediante otras diez unidades.

Los nuevos convoyes están diseñados para alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y superar las 500 plazas sentadas. Su incorporación forma parte de los planes marroquíes para ampliar y modernizar el transporte ferroviario del país, también con vistas a las necesidades de movilidad asociadas al Mundial de Fútbol de 2030.

La operación tiene una particularidad económica importante: no se trata de una donación ni de una compra directa de trenes por parte del Gobierno español. Es un crédito reembolsable concedido a Marruecos, con garantía soberana del Reino alauí, condicionado a que los recursos se utilicen para contratar bienes y servicios de empresas españolas.

El propio Gobierno explicó posteriormente, en una respuesta parlamentaria registrada en marzo de 2026, que los desembolsos se realizan directamente a las compañías españolas conforme se ejecutan los contratos comerciales financiados. También precisó que el proyecto de suministro de los 40 trenes continuaba en fase de ejecución.

El Ejecutivo justificó esta fórmula por su contribución a la internacionalización de las empresas españolas y a la generación de actividad industrial y empleo en España. Según esa misma respuesta, los proyectos ferroviarios financiados a través del FIEM deben garantizar un contenido mínimo de bienes y servicios españoles superior al 70 %.

Por tanto, la operación constituye un instrumento de apoyo a las exportaciones españolas, aunque el beneficiario final de los trenes sea la operadora ferroviaria marroquí.

ETCS nivel 2: la tecnología que incorpora el proyecto marroquí

El aspecto que ha provocado mayor controversia es la incorporación del ETCS de nivel 2 en los trenes destinados a Marruecos.

El ETCS, siglas de European Train Control System, es el sistema europeo de control y protección de trenes. Forma parte del ERTMS, el estándar europeo de gestión del tráfico ferroviario, desarrollado para mejorar la interoperabilidad y establecer criterios comunes de seguridad en las redes ferroviarias.

Su función es supervisar la circulación de los convoyes, controlar que respeten las velocidades autorizadas y comprobar que cumplen las condiciones de movimiento establecidas por la infraestructura ferroviaria.

En el nivel 2, la comunicación entre el tren y los sistemas de control se realiza de manera continua mediante una red de radio digital GSM-R. Esto permite transmitir información sobre la posición del convoy y las autorizaciones de circulación sin depender del mismo tipo de cable conductor utilizado por el sistema LZB.

La tecnología permite que el equipo embarcado reciba información actualizada y supervise permanentemente las condiciones de circulación. Cuando se detecta que el tren supera los límites establecidos o no respeta las autorizaciones recibidas, el sistema puede intervenir automáticamente sobre el frenado.

Esta característica resulta especialmente importante en situaciones en las que se produce una incidencia en las comunicaciones o cambia la disponibilidad de un tramo ferroviario.

La documentación técnica del proyecto marroquí incluye el ETCS N2 entre los requisitos de seguridad de los nuevos trenes. La especificación forma parte de las condiciones establecidas para el suministro ferroviario y sitúa a los convoyes en el marco de las tecnologías europeas de protección automática.

El debate surge al comparar estas exigencias con la situación de la línea Madrid-Sevilla, donde el sistema principal de protección seguía siendo el LZB en el momento del accidente de Urda.

La línea Madrid-Sevilla seguía utilizando el sistema LZB

El corredor ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Sevilla fue inaugurado en 1992 y utiliza desde entonces el sistema alemán LZB como tecnología principal de protección y supervisión de la circulación.

Este sistema permite controlar continuamente la velocidad de los trenes y transmitir información relacionada con las condiciones de circulación. Su funcionamiento se apoya en un cable conductor instalado a lo largo de la vía, mediante el cual se establece la comunicación entre la infraestructura y los equipos embarcados.

El LZB no es, por definición, un sistema inseguro. Se trata de una tecnología de protección automática que ha prestado servicio durante décadas en diferentes redes ferroviarias. La cuestión que se encuentra ahora bajo análisis es el estado de sus instalaciones, su mantenimiento, las incidencias registradas y la forma en que se gestionó la circulación cuando dejó de funcionar correctamente en Urda.

La línea estaba inmersa en un proceso de sustitución del LZB por el ERTMS de nivel 2, una tecnología más moderna y adaptada a los estándares europeos actuales.

Adif había licitado y adjudicado en 2021 el contrato para renovar las instalaciones de señalización, ERTMS, centros de control y telecomunicaciones fijas del corredor Madrid-Sevilla. De acuerdo con los plazos inicialmente previstos, la sustitución tendría que haber concluido a principios de 2026.

Sin embargo, el nuevo sistema todavía no estaba plenamente operativo cuando se produjo el accidente del 28 de octubre.

La transición tecnológica es especialmente relevante porque el ERTMS permite establecer comunicaciones continuas mediante radio digital y controlar los movimientos de los trenes a través de equipos instalados tanto en los convoyes como en la infraestructura.

El cambio no consiste simplemente en sustituir un ordenador o instalar un nuevo programa informático. Requiere adaptar las instalaciones, integrar los equipos, realizar pruebas de funcionamiento y obtener las correspondientes autorizaciones de seguridad antes de ponerlo en servicio.

La diferencia entre disponer de un sistema adjudicado y tenerlo efectivamente operativo es fundamental. En el momento del accidente, el corredor seguía dependiendo del LZB para su protección automática.

Qué ocurrió en Urda el 28 de octubre

El accidente ferroviario se produjo el miércoles 28 de octubre en las proximidades de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un tren AVE de Renfe colisionó por alcance contra un convoy de Iryo que permanecía detenido en la misma vía.

La tragedia dejó 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, según el balance oficial recogido posteriormente en la normativa de ayudas a las víctimas.

La investigación técnica situó el comienzo de la incidencia alrededor de las 8.31 horas, cuando se produjo una caída del sistema LZB en la central de Urda.

La avería obligó a gestionar la circulación ferroviaria en condiciones degradadas. Los trenes afectados pasaron a operar bajo el procedimiento de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), lo que implicó una intervención más directa del centro de regulación y control y comunicaciones entre los responsables de circulación y los maquinistas.

La autoridad encargada de investigar el accidente advirtió en su primera información de que la sucesión de averías, instrucciones y actuaciones pudo conducir a la colisión sin que funcionasen las barreras de seguridad necesarias para evitarla.

La investigación se centra en reconstruir lo ocurrido durante los minutos posteriores a la caída del sistema, determinar qué instrucciones recibió cada maquinista y aclarar por qué el tren AVE reanudó la marcha mientras el convoy de Iryo continuaba detenido.

También debe esclarecerse por qué no se produjo una intervención automática que impidiera la colisión y qué mecanismos de respaldo estaban disponibles en aquel momento.

La caída del LZB constituye, por tanto, uno de los elementos centrales de la investigación, pero no puede considerarse por sí sola la explicación definitiva del accidente. Los investigadores deben analizar también los procedimientos de circulación, las comunicaciones, las decisiones adoptadas desde el centro de control y la actuación de los diferentes sistemas de protección.

El software de las centrales y la rebaja del 72,17 %

A la polémica sobre la modernización pendiente de la línea se ha sumado la información relativa al contrato adjudicado a Thales para renovar las instalaciones de señalización y seguridad del corredor Madrid-Sevilla.

Según la documentación contractual conocida, Adif aceptó una oferta de la compañía que incluía importantes reducciones en determinadas partidas del proyecto.

El contrato tenía un presupuesto inicial de 108,38 millones de euros y terminó adjudicándose a Thales por aproximadamente 77,5 millones, lo que representa una reducción global del 28,45 %.

La oferta fue considerada inicialmente anormalmente baja o en presunción de temeridad, al superar el descuento el umbral del 17,2 % establecido en los pliegos. Adif aceptó las explicaciones presentadas por la empresa para justificar su propuesta económica.

Entre las modificaciones que han salido a la luz figura una reducción del 72,17 % en el presupuesto destinado a renovar el software de las centrales del sistema LZB.

La documentación señala que la propuesta de Thales reducía de diez a tres las versiones de software previstas inicialmente para las centrales. Las actuaciones se concentraron en Atocha II, Bifurcación Torrejón y Córdoba II, dejando fuera otras instalaciones, entre ellas la central de Urda.

El ajuste habría supuesto un ahorro de aproximadamente 1,97 millones de euros, IVA incluido.

Esta circunstancia ha adquirido especial relevancia después de que el accidente se produjera precisamente en el entorno de una de las instalaciones que no figuraban entre las centrales seleccionadas para esa renovación del software.

No obstante, conviene precisar que la reducción del 72,17 % se refiere a una partida concreta del presupuesto de renovación del software, no a una reducción equivalente de toda la inversión en seguridad ferroviaria de la línea.

Tampoco demuestra por sí misma que el software antiguo provocase la avería del 28 de octubre. Para establecer una relación entre las decisiones contractuales y el accidente es necesario conocer el estado real de los equipos, las versiones instaladas, los registros de funcionamiento y los informes técnicos correspondientes.

La diferencia entre una reducción presupuestaria y una deficiencia de seguridad acreditada es esencial para valorar correctamente el alcance de esta información.

También hubo recortes en otras partidas de protección ferroviaria

La oferta presentada por Thales no se limitó al software de las centrales LZB.

La documentación conocida recoge igualmente reducciones en otras partidas relacionadas con la señalización y los sistemas de protección de los trenes.

En concreto, la propuesta contemplaba una rebaja del 20 % en el presupuesto previsto para los equipos ASFA y del 18,85 % en el correspondiente a los sistemas ERTMS.

Ambos porcentajes superaban también el umbral del 17,2 % fijado para considerar una oferta anormalmente baja.

Estas modificaciones se enmarcaban en un conjunto de medidas de ahorro justificadas por la compañía para explicar su propuesta económica. Adif dio por válidas las explicaciones presentadas y permitió que el contrato se adjudicara por una cantidad considerablemente inferior al presupuesto inicial.

La comparación con las ofertas de los otros dos competidores también resulta significativa. Siemens presentó una propuesta de 100,79 millones de euros y CAF otra de 102,8 millones, frente a los aproximadamente 77,5 millones ofertados por Thales.

La diferencia económica fue uno de los factores que situó la adjudicación en el centro del debate sobre la contratación pública y los criterios utilizados para renovar infraestructuras ferroviarias de especial importancia.

En cualquier caso, la aceptación de una oferta económica anormalmente baja no constituye por sí misma una prueba de irregularidad. La cuestión que debe analizarse es si las modificaciones aprobadas respetaron las condiciones técnicas del contrato y si las instalaciones resultantes mantenían las garantías de seguridad exigibles.

Las investigaciones deberán determinar si hubo relación con el accidente

La coincidencia entre los recortes contractuales, la ausencia de una renovación completa del sistema LZB y la avería registrada en Urda obliga a examinar con detalle las decisiones adoptadas durante el proceso de modernización.

La investigación técnica deberá determinar si el estado de los equipos informáticos de la central tuvo alguna influencia en la caída del sistema y si las modificaciones introducidas en el contrato pudieron afectar a su funcionamiento.

También será necesario establecer qué actuaciones de mantenimiento se realizaron, qué incidencias se habían registrado anteriormente y si existían advertencias sobre el estado de las instalaciones.

En paralelo, la investigación judicial deberá examinar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos y las decisiones administrativas o técnicas que puedan resultar relevantes.

La Fiscalía Europea también mantiene abiertas actuaciones relacionadas con aspectos del contrato y el posible uso irregular de fondos comunitarios, según la información publicada sobre las pesquisas. La existencia de una investigación no implica que se haya acreditado ningún delito ni que se haya establecido responsabilidad alguna por parte de las empresas o responsables públicos implicados.

El objetivo de todas estas actuaciones será determinar si se cumplieron los procedimientos de contratación, si las modificaciones estaban justificadas y si las instalaciones ferroviarias ofrecían las condiciones de seguridad exigibles.

La comparación con Marruecos abre un debate sobre las prioridades ferroviarias

El hecho de que los trenes destinados a Marruecos incorporen el ETCS de nivel 2 mientras la línea Madrid-Sevilla continuaba pendiente de completar su transición al ERTMS ha generado un importante debate sobre las prioridades de modernización de las infraestructuras.

La comparación es especialmente llamativa porque España ha utilizado financiación pública reembolsable para facilitar la adquisición de material ferroviario moderno a través de una empresa nacional, mientras que uno de sus corredores de alta velocidad más importantes seguía utilizando un sistema de protección anterior.

Sin embargo, ambas operaciones tienen finalidades y estructuras económicas distintas. El crédito a Marruecos forma parte de la política de internacionalización de las empresas españolas y está vinculado a la exportación de bienes y servicios. La renovación de la línea Madrid-Sevilla corresponde a la planificación de inversiones y contratos de Adif para la infraestructura ferroviaria nacional.

Por ello, la comparación no demuestra que los recursos destinados a Marruecos se hayan detraído de la modernización de la red española ni que ambas inversiones compitieran por una misma partida presupuestaria.

Lo que sí pone de manifiesto es la importancia de acelerar la actualización de los sistemas de protección ferroviaria y garantizar que las instalaciones en servicio mantengan unas condiciones adecuadas de fiabilidad y seguridad.

La seguridad de los viajeros no depende únicamente de disponer de la tecnología más avanzada, sino también de que los sistemas estén correctamente instalados, mantenidos, supervisados y coordinados con los procedimientos de circulación.

Una pregunta pendiente: ¿habría evitado el ETCS N2 la tragedia?

La posibilidad de que el ETCS de nivel 2 hubiera evitado el accidente de Urda es una de las cuestiones que más interés ha despertado tras conocerse las especificaciones técnicas de los trenes destinados a Marruecos.

Un ingeniero consultado en la información que ha dado origen a esta controversia ha defendido que, de haber estado implantado el ERTMS en la línea Madrid-Sevilla, el tren de Iryo podría haber recuperado la comunicación y continuado circulando en lugar de permanecer detenido.

Se trata de una valoración técnica sobre un escenario hipotético, no de una conclusión de la investigación oficial.

Para determinar si esa tecnología habría cambiado el desenlace sería necesario reconstruir las circunstancias concretas del accidente, conocer cómo habría respondido el sistema ante las incidencias registradas y analizar la compatibilidad de los equipos embarcados y de infraestructura.

También habría que determinar si las autorizaciones de movimiento, la ocupación de la vía y las comunicaciones habrían impedido que el AVE reanudase la marcha en las condiciones en que lo hizo.

El ERTMS de nivel 2 incorpora mecanismos avanzados de supervisión y protección, pero no puede afirmarse que su mera presencia garantice que cualquier accidente resulte imposible.

La investigación tendrá que establecer qué barreras de seguridad fallaron, cuáles deberían haber intervenido y si una tecnología diferente habría evitado la colisión.

La tragedia de Urda ha puesto sobre la mesa cuestiones que van mucho más allá de una adjudicación o de una comparación entre dos países. El estado de las instalaciones, los retrasos en la modernización, la gestión de las averías y las decisiones adoptadas ante situaciones de circulación degradada deberán recibir respuestas documentadas.

Mientras los investigadores continúan trabajando, la polémica sobre los trenes financiados a Marruecos y los recortes aceptados en el contrato de Thales añade presión para esclarecer cómo se planificó y ejecutó la renovación de una infraestructura por la que circulan diariamente miles de pasajeros.

La cuestión fundamental sigue siendo determinar si las decisiones adoptadas durante los últimos años garantizaron el nivel de seguridad exigible y si alguna de ellas tuvo relación directa con la tragedia del 28 de octubre.

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