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El resultado de las elecciones generales no garantiza que España tenga un nuevo presidente del Gobierno de forma inmediata.
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Después de que los ciudadanos acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre, comenzará un proceso institucional en el que los partidos deberán negociar los apoyos necesarios para lograr una mayoría en el Congreso.
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ese procedimiento, el rey Felipe VI tiene una función importante, aunque sus decisiones están limitadas por la Constitución y no puede elegir libremente quién gobierna.
La intervención del monarca está regulada principalmente por el artículo 99 de la Constitución Española. Su papel consiste en consultar a las formaciones políticas con representación parlamentaria y proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, teniendo en cuenta las posibilidades de que consiga la confianza de la Cámara Baja.
El rey no puede elegir por su cuenta al presidente del Gobierno
España es una monarquía parlamentaria. Esto significa que el rey es el jefe del Estado, pero no dirige la política del país ni decide quién debe encabezar el Ejecutivo.
La Constitución atribuye al monarca la competencia de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno y, cuando este obtiene la confianza del Congreso, nombrarlo oficialmente. Sin embargo, esa facultad debe ejercerse dentro del procedimiento constitucional y respetando la neutralidad política de la Corona.
Por tanto, Felipe VI no puede escoger a un dirigente por sus preferencias personales ni imponer un Gobierno a los partidos. La decisión definitiva depende de los diputados elegidos por los ciudadanos.
La ronda de consultas: el rey escucha a los partidos
Una vez constituidas las nuevas Cortes Generales, el monarca abrirá una ronda de consultas con los representantes designados por las formaciones políticas que hayan obtenido representación en el Congreso.
Estos encuentros suelen celebrarse en el Palacio de la Zarzuela. Durante las reuniones, el rey conoce la posición de cada partido, los posibles acuerdos y las opciones de sus dirigentes para reunir los apoyos parlamentarios necesarios.
El objetivo es conocer qué candidato tiene posibilidades reales de superar la investidura. No obstante, el monarca no participa directamente en las negociaciones ni puede obligar a las formaciones a alcanzar pactos.
Al terminar las consultas, Felipe VI propone un candidato a través del presidente del Congreso de los Diputados. Este último comunica formalmente la propuesta y organiza el debate de investidura.
¿Tiene que proponer al candidato del partido más votado?
No necesariamente. La Constitución no obliga al rey a proponer al líder de la lista que haya conseguido más votos o más escaños.
Lo determinante es que el candidato pueda reunir la confianza del Congreso. Por eso, en unas elecciones sin mayoría absoluta, un dirigente de una formación que no haya quedado en primera posición podría ser propuesto si cuenta con apoyos suficientes para ser investido.
Esta circunstancia da especial importancia a las negociaciones posteriores a las elecciones. Los acuerdos de coalición, los pactos de legislatura y los apoyos de otros grupos pueden resultar decisivos para determinar quién llega a la Presidencia del Gobierno.
Cómo se elige al presidente en la investidura
Una vez propuesto por el rey, el candidato comparece ante el Congreso de los Diputados para presentar su programa político y solicitar la confianza de la Cámara.
El procedimiento contempla dos votaciones:
- Primera votación: necesita mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos favorables si el Congreso está compuesto por sus 350 diputados.
- Segunda votación: si no consigue esa mayoría, se celebra 48 horas después. En esta ocasión basta con obtener más votos a favor que en contra; las abstenciones no cuentan como votos negativos.
Si consigue la confianza parlamentaria, el rey lo nombra presidente del Gobierno. A partir de ahí se puede completar la formación del nuevo Ejecutivo, cuyos ministros serán nombrados por el monarca a propuesta del presidente.
¿Qué ocurre si ningún candidato consigue los apoyos?
La Constitución permite que se tramiten nuevas propuestas de candidatos si el primero no consigue superar la investidura. El proceso puede continuar con distintos aspirantes mientras se buscan los apoyos necesarios.
Sin embargo, existe un límite temporal. El artículo 99 establece que, si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso, el rey debe disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones.
Esta disolución debe realizarse con el refrendo del presidente del Congreso de los Diputados.
El plazo de dos meses no comienza el día de las elecciones ni cuando se constituye el Congreso, sino desde la fecha de la primera votación de investidura.
El Gobierno saliente continúa en funciones
Mientras se desarrolla todo este procedimiento, España no se queda sin Ejecutivo. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, pero continúa en funciones hasta que toma posesión el nuevo.
Durante ese periodo debe limitar su actividad al despacho ordinario de los asuntos públicos, facilitar el traspaso de poderes y evitar determinadas decisiones, salvo en situaciones de urgencia o por razones de interés general debidamente justificadas.
De esta manera, el sistema constitucional garantiza la continuidad institucional aunque las negociaciones políticas se prolonguen durante semanas o incluso meses.
El papel de Felipe VI resulta, por tanto, relevante para poner en marcha el procedimiento de investidura y formalizar el nombramiento del nuevo presidente, pero la capacidad de decidir quién gobierna corresponde al Congreso de los Diputados. La clave después del 29N estará en los escaños y, sobre todo, en los acuerdos que los partidos sean capaces de alcanzar.