– La Policía Nacional ha liderado un operativo coordinado por AMERIPOL en el que han participado autoridades de 15 países.
– Tres arrestos se han producido en España, en Zaragoza, Toledo y Barcelona, después de unas pesquisas que comenzaron en julio de 2024 por la distribución de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.
Una investigación policial iniciada en Zaragoza en el verano de 2024 ha terminado convirtiéndose en una operación internacional contra la explotación sexual infantil con 17 personas detenidas en ocho países. La actuación, liderada por la Policía Nacional y coordinada por AMERIPOL, ha permitido identificar a usuarios presuntamente relacionados con la producción, el intercambio y la distribución de material de abuso sexual infantil mediante plataformas digitales.
El operativo se ha saldado con tres detenciones en España, concretamente en Zaragoza, Toledo y Barcelona. A ellas se suman otros 14 arrestos en distintos países de América: cuatro en Brasil, tres en Perú, dos en Argentina, dos en Colombia y uno, respectivamente, en Bolivia, Guatemala y República Dominicana.
La investigación ha contado con la participación de autoridades policiales de 15 países y se ha centrado en presuntos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, exhibicionismo, prostitución de menores y captación de menores con fines sexuales a través de Internet, conocida como child grooming.
Uno de los elementos más graves descubiertos durante las pesquisas es la presunta utilización de menores del entorno familiar de uno de los investigados para elaborar fotografías y vídeos de contenido sexual. Ese material habría sido posteriormente difundido a través de plataformas digitales y aplicaciones de comunicación en línea.
Una investigación que comenzó con una pista en Zaragoza
El origen de la operación se sitúa en julio de 2024, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que un hombre residente en Zaragoza presuntamente distribuía contenido audiovisual relacionado con abusos sexuales a menores mediante una aplicación de comunicación en línea.
La información permitió abrir una investigación sobre la actividad del sospechoso y el posible alcance de la distribución de esos archivos. Los agentes realizaron una entrada y registro en su domicilio, donde localizaron e intervinieron diferentes dispositivos electrónicos que posteriormente fueron sometidos a análisis.
El estudio de los equipos permitió avanzar en la investigación y detectar que el caso podía tener una dimensión más grave que la simple distribución de archivos ilícitos. Según las pesquisas policiales, el investigado habría utilizado a menores de su propio entorno familiar para grabar vídeos y elaborar fotografías de contenido sexual.
La hipótesis investigadora apunta a que las imágenes y grabaciones obtenidas de esa manera eran difundidas posteriormente mediante plataformas digitales. De este modo, los agentes no solo investigaban la circulación de material de abuso sexual infantil, sino también su presunta producción y la posible explotación directa de menores.
El análisis de los dispositivos electrónicos permitió además identificar a otro individuo en Toledo, presuntamente relacionado con la distribución del contenido. Los investigadores practicaron una segunda entrada y registro vinculada a este sospechoso, lo que permitió ampliar las diligencias y profundizar en las conexiones entre ambos investigados.
El segundo investigado habría ofrecido dinero por mantener relaciones sexuales con una menor
Uno de los aspectos que figuran en las diligencias policiales se refiere a la presunta actuación del segundo investigado, localizado en Toledo.
Según la información facilitada por los investigadores, el análisis de los dispositivos intervenidos permitió detectar que este hombre habría ofrecido cantidades de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con una menor de edad perteneciente al entorno familiar del primer investigado.
Este hallazgo incorporó a la investigación una línea relacionada con la presunta captación y explotación sexual de una menor, más allá del intercambio de fotografías y vídeos por Internet.
Los hechos se encuentran dentro de las hipótesis delictivas investigadas y deberán ser valorados por las autoridades judiciales correspondientes. La detención de una persona y su vinculación a una investigación policial no equivalen a una declaración de culpabilidad, que únicamente puede establecerse mediante una resolución judicial.
La investigación también permitió comprobar que los dos primeros casos conocidos podían estar conectados con otros usuarios que operaban desde diferentes países y que presuntamente participaban en el intercambio y distribución de material de abuso sexual infantil.
La investigación se extiende a ocho países
El análisis de las comunicaciones y de los dispositivos electrónicos abrió una nueva fase de las pesquisas. Los investigadores identificaron usuarios situados fuera de España que, presuntamente, estaban relacionados con el intercambio y la distribución de material sexual protagonizado por menores.
Las conexiones detectadas permitieron ampliar el alcance de la investigación y avanzar hacia una operación internacional. La colaboración entre las autoridades policiales participantes resultó determinante para localizar a los sospechosos y coordinar las actuaciones en distintos territorios.
El balance comunicado el 3 de noviembre es de 17 personas detenidas en ocho países. La distribución de los arrestos es la siguiente:
- España: tres detenidos, en Zaragoza, Toledo y Barcelona.
- Brasil: cuatro detenidos.
- Perú: tres detenidos.
- Argentina: dos detenidos.
- Colombia: dos detenidos.
- Bolivia: un detenido.
- Guatemala: un detenido.
- República Dominicana: un detenido.
La operación ha sido coordinada por AMERIPOL, la Comunidad de Policías de América, con la participación de autoridades de 15 países. La dimensión internacional de las actuaciones refleja las dificultades que plantea la investigación de delitos cometidos mediante servicios digitales cuando los usuarios implicados se encuentran en diferentes jurisdicciones.
La investigación, que comenzó con la identificación de un usuario en Zaragoza, permitió seguir el rastro de otras personas presuntamente vinculadas a la circulación de los archivos y descubrir conexiones que superaban las fronteras españolas.
Diecinueve teléfonos móviles y ocho equipos de almacenamiento intervenidos
El análisis de las pruebas digitales ha ocupado un papel central en el desarrollo de las diligencias. Durante los registros practicados, los agentes han intervenido un total de 19 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cuatro discos duros y dispositivos USB.
Estos aparatos constituyen parte del material recogido durante la investigación y permiten a los especialistas examinar posibles archivos, comunicaciones y conexiones relacionadas con los hechos investigados.
En los delitos vinculados a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, los dispositivos electrónicos pueden contener información relevante para reconstruir la actividad de los investigados. El análisis técnico permite estudiar los archivos almacenados, las comunicaciones y las posibles relaciones entre usuarios, siempre dentro de las diligencias y los procedimientos legalmente establecidos.
En este caso, el estudio de los equipos intervenidos permitió avanzar desde una investigación localizada en Zaragoza hasta la identificación de otras personas presuntamente relacionadas con la distribución de los contenidos en distintos países.
La Policía no ha facilitado un desglose individualizado de los dispositivos intervenidos a cada detenido ni ha detallado qué archivos concretos se han localizado en cada uno de ellos. Tampoco ha hecho pública la identidad de las personas arrestadas.
Los delitos que se investigan
A los detenidos se les atribuyen presuntamente diferentes delitos relacionados con la explotación sexual de menores. Entre ellos figuran la agresión sexual a menores de 16 años, la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, el exhibicionismo, la prostitución de menores y el child grooming.
Esta última expresión hace referencia a las conductas de acercamiento, captación o manipulación de menores con fines sexuales, especialmente cuando se desarrollan mediante Internet y herramientas de comunicación digital.
La investigación contempla hechos que, según las diligencias policiales, se habrían producido tanto en el entorno familiar de algunas víctimas como a través de plataformas digitales. Esa combinación constituye uno de los elementos centrales del caso: la presunta producción de material mediante la utilización de menores y su posterior circulación entre usuarios conectados desde diferentes países.
Las autoridades han señalado que algunas de las personas identificadas estarían relacionadas con el intercambio y la distribución de esos contenidos y que, en determinados casos, se habrían obtenido beneficios económicos mediante su comercialización o difusión.
No obstante, la información hecha pública no especifica el volumen de archivos intervenidos, el número de menores afectados, las cantidades económicas que podrían haberse obtenido ni el grado de participación atribuido individualmente a cada arrestado. Tampoco se ha comunicado un balance de víctimas identificadas o de posibles procedimientos judiciales abiertos en cada país.
La cooperación policial, clave para seguir las conexiones digitales
La operación pone de relieve la importancia de la colaboración internacional ante delitos que pueden desarrollarse simultáneamente en varios países. La utilización de aplicaciones de mensajería y plataformas digitales facilita que los usuarios compartan contenidos y establezcan contactos desde territorios distintos, lo que obliga a coordinar las investigaciones y el análisis de las pruebas.
En este caso, la cooperación coordinada por AMERIPOL permitió ampliar una investigación que inicialmente se centraba en un usuario residente en Zaragoza. La identificación de otros participantes en diferentes países llevó a las autoridades a desarrollar actuaciones conjuntas que concluyeron con 17 detenciones.
El análisis especializado de las evidencias electrónicas ha sido uno de los instrumentos fundamentales para reconstruir las conexiones entre los investigados y detectar la posible distribución internacional de material de abuso sexual infantil.
La Policía Nacional considera que la operación evidencia la necesidad de mantener la cooperación entre cuerpos policiales y reforzar las capacidades de investigación digital para perseguir este tipo de delitos, especialmente cuando las personas investigadas y las posibles víctimas pueden encontrarse en lugares diferentes.
La Policía pide no compartir ni almacenar imágenes de menores
La Policía Nacional ha recordado que los usuarios de Internet y de las redes sociales no deben compartir ni almacenar imágenes de menores relacionadas con abusos sexuales. La difusión o posesión de este tipo de material puede constituir un delito y contribuir a prolongar el daño causado a las víctimas.
Las autoridades insisten en la importancia de comunicar la existencia de contenidos ilegales sin reenviarlos, descargarlos ni difundirlos a través de grupos de mensajería o perfiles públicos.
Para trasladar información sobre posibles contenidos de abuso sexual infantil detectados en Internet, la Policía Nacional mantiene habilitada la dirección de correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es.
La investigación que comenzó en Zaragoza en julio de 2024 ha terminado alcanzando una dimensión internacional, con 17 detenidos y actuaciones en ocho países. El resultado de las pesquisas sitúa en el centro del caso la presunta utilización de menores del entorno familiar para producir material sexual y su posterior distribución mediante canales digitales, una actividad que los investigadores han seguido a través del análisis de dispositivos y la cooperación policial entre distintos Estados.
