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Montero sitúa las pensiones en el centro de la campaña del PSOE y Sánchez promete blindar la vivienda pública

Montero sitúa las pensiones en el centro de la campaña del PSOE y Sánchez promete blindar la vivienda pública
Montero sitúa las pensiones en el centro de la campaña del PSOE y Sánchez promete blindar la vivienda pública
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La secretaria general del PSOE andaluz reivindica en Jerez la revalorización de las prestaciones conforme al IPC y asegura que su partido es la «única garantía» para mantener el poder adquisitivo de los mayores.

Pedro Sánchez, por su parte, defiende intervenir el mercado inmobiliario, construir 100.000 viviendas asequibles adicionales y mantener la protección pública de estos inmuebles.

Las pensiones y la vivienda se han convertido en dos de los principales argumentos del PSOE en la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha protagonizado en Jerez de la Frontera un encuentro con pensionistas, militantes y representantes sindicales para defender la política de revalorización de las prestaciones impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el presidente del Ejecutivo ha reforzado su discurso electoral sobre el acceso a la vivienda, apostando por una mayor intervención pública del mercado y por un parque protegido que conserve su condición pública de manera permanente.

Los dos mensajes responden a una misma estrategia electoral: presentar las pensiones y la vivienda como elementos fundamentales del Estado del bienestar y situar su protección entre las prioridades de una eventual nueva legislatura socialista. Montero ha pedido directamente el voto de los pensionistas y de quienes se encuentran próximos a jubilarse, mientras que Sánchez ha defendido que no basta con construir más viviendas, sino que también es necesario garantizar que estén destinadas a quienes realmente necesitan acceder a ellas.

Las declaraciones llegan en un momento en el que las cuestiones económicas y sociales ocupan una parte central de la confrontación entre las candidaturas. La evolución de las prestaciones, el futuro de la Seguridad Social, el precio de los alquileres y la insuficiencia de vivienda asequible forman parte de los asuntos que los principales partidos intentan convertir en compromisos electorales.

Montero reclama el voto de los pensionistas en un encuentro celebrado en Jerez

María Jesús Montero ha desarrollado este martes 17 de noviembre una actividad de campaña en Jerez de la Frontera, donde ha mantenido un encuentro con representantes de colectivos de pensionistas, militantes socialistas y organizaciones sindicales para abordar el presente y el futuro del sistema público de pensiones.

La dirigente andaluza ha defendido que la actualización anual de las prestaciones conforme a la evolución de los precios constituye una cuestión de justicia social y ha reivindicado las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde su llegada al Gobierno.

«El PSOE es la única garantía de que, efectivamente, nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo», ha afirmado durante su intervención.

Montero ha argumentado que las personas mayores han contribuido durante décadas al desarrollo económico y social de España y que deben participar también de los beneficios derivados del crecimiento económico. En este sentido, ha defendido que el aumento de las pensiones debe permitir que los jubilados mantengan su capacidad de compra y no queden al margen de la evolución general de la economía.

La secretaria general del PSOE-A también ha vinculado la protección de las prestaciones con la evolución del empleo. Según su planteamiento, el incremento de personas afiliadas a la Seguridad Social permite reforzar los ingresos del sistema y constituye uno de los elementos que sostienen su funcionamiento.

En su intervención, Montero ha contrapuesto la política de revalorización impulsada por el Gobierno socialista con lo que considera una amenaza de futuros recortes por parte del Partido Popular. También ha acusado a los populares de pretender avanzar hacia una privatización del sistema público, una interpretación política que ha utilizado para reclamar una mayor movilización electoral entre los pensionistas.

La dirigente ha recordado que el Gobierno ha recuperado recursos para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la hucha de las pensiones, y ha defendido que esa recuperación ofrece una mayor capacidad de respuesta ante los desafíos demográficos de los próximos años.

Qué ha ocurrido con las pensiones desde 2018

La defensa de Montero se apoya especialmente en la reforma que volvió a vincular la actualización general de las pensiones contributivas a la evolución del índice de precios de consumo. Esta fórmula quedó incorporada a la legislación mediante la Ley 21/2021, que estableció un mecanismo para evitar que los incrementos de los precios redujeran de manera permanente el poder adquisitivo de los pensionistas.

En 2026, las pensiones contributivas se han revalorizado con carácter general un 2,7 %, de acuerdo con la inflación media utilizada para determinar la actualización correspondiente a este ejercicio.

La medida afecta a millones de beneficiarios y se aplica también a las pensiones de Clases Pasivas, con las particularidades previstas en la normativa. Las pensiones mínimas y las no contributivas cuentan, además, con reglas de incremento específicas destinadas a reforzar la suficiencia económica de quienes reciben prestaciones de menor cuantía.

Los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofrecen una fotografía de la evolución de las prestaciones durante los últimos años. Según el informe presentado al Consejo de Ministros el 13 de noviembre, la pensión media de jubilación ha pasado de aproximadamente 1.090 euros mensuales en 2018 a 1.576 euros en 2026, lo que representa un incremento del 44,5 %.

El propio informe introduce una distinción importante: si se toma como referencia la pensión de 2018 y se actualiza exclusivamente conforme al IPC, su cuantía equivalente en euros de 2026 sería de 1.396,78 euros. La diferencia entre esa cifra y la pensión media actual también está relacionada con la mejora de los salarios y las bases de cotización de quienes acceden a la jubilación.

El documento ministerial recoge igualmente que las pensiones mínimas han aumentado entre un 43 % y un 69 %, según las modalidades, mientras que las no contributivas han experimentado una subida del 65 % entre 2018 y 2026.

Estos datos permiten contextualizar el argumento político de Montero, aunque no deben confundirse las subidas generales del sistema con la evolución individual de cada pensionista. Las cuantías percibidas dependen de la modalidad de prestación, las cotizaciones acumuladas y los complementos aplicables.

El Gobierno inicia el procedimiento para actualizar las pensiones en 2027

La campaña electoral coincide, además, con el inicio de la tramitación administrativa para la próxima revalorización de las pensiones. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de noviembre la tramitación urgente del proyecto de real decreto que regulará la actualización de las prestaciones públicas durante 2027.

La normativa vigente establece que las pensiones contributivas deben actualizarse de acuerdo con la inflación media registrada entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. Por tanto, la subida aplicable a partir del 1 de enero de 2027 dependerá del IPC medio correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

A fecha de 18 de noviembre, todavía no se conoce el porcentaje definitivo. El procedimiento iniciado por el Ejecutivo constituye el primer paso administrativo y deberá completarse con la aprobación de la norma que determine las cuantías exactas de la revalorización general y de los incrementos correspondientes a las pensiones mínimas y no contributivas.

Este asunto tiene una especial relevancia electoral porque afecta directamente a millones de hogares. Para los pensionistas, la actualización no representa únicamente un incremento nominal de sus ingresos, sino una herramienta para intentar mantener su capacidad de compra frente al encarecimiento de la alimentación, la vivienda, la energía y otros gastos cotidianos.

El PSOE ha incorporado precisamente esta cuestión a su programa electoral para el 29N. Entre sus compromisos figura blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y garantizar su revalorización conforme al IPC. La propuesta pretende elevar la protección de este mecanismo y convertirlo en una garantía recogida expresamente en la Constitución.

El documento socialista incluye también medidas para reducir la brecha de género en las pensiones, mejorar la protección de las personas afectadas por procesos oncológicos y revisar las condiciones de jubilación en trabajos especialmente penosos.

La propuesta constitucional necesitaría, en cualquier caso, una reforma de la Carta Magna y las mayorías parlamentarias exigidas para llevarla a cabo. Se trata, por tanto, de un compromiso electoral y no de una modificación que ya esté en vigor.

El empleo y las cotizaciones, argumentos para defender la viabilidad del sistema

Otro de los elementos utilizados por Montero durante su intervención en Jerez ha sido la evolución del empleo. La dirigente ha defendido que el aumento de afiliados constituye una de las bases que permiten mantener el sistema público de pensiones, financiado fundamentalmente mediante cotizaciones sociales y transferencias del Estado.

Los últimos datos oficiales disponibles corresponden a octubre de 2026. La Seguridad Social registró una media de 22.624.165 afiliados, superando por primera vez los 22,6 millones en la serie original. En comparación con octubre del año anterior, el incremento fue de 784.573 trabajadores.

El dato representa un máximo histórico de afiliación media y constituye uno de los indicadores económicos que el Ejecutivo utiliza para defender la evolución del mercado laboral durante la legislatura.

También han aumentado los ingresos por cotizaciones. Según el balance presupuestario correspondiente al cierre de septiembre, las aportaciones sociales alcanzaron los 142.004 millones de euros, un 7,5 % más que durante el mismo periodo del año anterior. En esas mismas cuentas, la Seguridad Social registraba un saldo positivo de 7.125 millones de euros a 30 de septiembre.

En paralelo, el Fondo de Reserva ha recuperado parte de los recursos que había perdido durante años anteriores. El informe presentado por el Ministerio de Inclusión estima que podría aproximarse a los 20.000 millones de euros al cierre de 2026.

Sin embargo, el debate sobre la sostenibilidad no queda resuelto únicamente con el crecimiento de la afiliación o la recuperación de la hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva es un instrumento de apoyo financiero, mientras que el pago ordinario de las prestaciones depende principalmente de los ingresos por cotizaciones y de las transferencias públicas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que el cumplimiento de la regla de gasto de pensiones no equivale, por sí solo, a garantizar la sostenibilidad financiera del conjunto de las administraciones públicas. En su análisis de mayo de 2026, la institución estimó que la deuda pública podría alcanzar el 123 % del PIB en 2050 en un escenario de políticas constantes.

Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha publicado durante esta campaña un análisis que cuestiona la sostenibilidad financiera del sistema pese a los máximos de afiliación y a la recuperación del Fondo de Reserva. Su argumentación se centra en el déficit contributivo y en la presión adicional que supondrá la jubilación de las generaciones del baby boom.

Estas valoraciones económicas reflejan que el futuro de las pensiones continúa sujeto a un debate sobre ingresos, gasto, envejecimiento demográfico y financiación pública, más allá de las diferencias entre los partidos.

Montero también lleva a Jerez la confrontación sobre la dependencia

El encuentro de la dirigente socialista en Jerez no se limitó a las pensiones. Montero aprovechó la reunión con los colectivos sociales para criticar la gestión de la dependencia en Andalucía y cuestionar las aportaciones económicas de la Junta.

La secretaria general del PSOE-A afirmó que la comunidad supera los 400 días de espera para acceder al sistema de dependencia y acusó al Gobierno de Juanma Moreno de reducir su aportación mientras aumenta la financiación procedente del Estado.

Según las cifras que expuso, la financiación estatal destinada a Andalucía en este ámbito habría pasado de unos 700 millones de euros en 2018 a una previsión de 1.400 millones para 2027. Montero reclamó a la Administración autonómica que mantenga su esfuerzo presupuestario y que no utilice el incremento de las transferencias estatales para reducir sus propias aportaciones.

También recordó la etapa en la que Juanma Moreno ocupó el cargo de secretario de Estado de Servicios Sociales durante el Gobierno de Mariano Rajoy y le atribuyó decisiones que, a su juicio, perjudicaron la financiación de la ayuda a domicilio y de las residencias.

Estas afirmaciones forman parte de la crítica política de la dirigente socialista a la gestión autonómica y se enmarcan en la confrontación entre PSOE y PP sobre la financiación de los servicios sociales.

La dependencia se ha convertido en una cuestión especialmente sensible por el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidados de larga duración. La financiación de las plazas residenciales, la atención domiciliaria y los servicios dirigidos a personas dependientes constituye uno de los principales desafíos para las administraciones públicas.

La discusión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre el reparto de responsabilidades económicas también tiene consecuencias directas para las familias que esperan el reconocimiento de prestaciones o necesitan recursos para atender a personas mayores.

Sánchez sitúa la vivienda asequible como prioridad de la próxima legislatura

Mientras Montero centraba su intervención en las pensiones, Pedro Sánchez trasladaba el debate electoral al acceso a la vivienda. En una entrevista televisiva concedida el lunes 16 de noviembre, el presidente del Gobierno defendió que el problema residencial no se resuelve únicamente aumentando el número de construcciones, sino determinando quién puede acceder a ellas y en qué condiciones económicas.

«No se trata de cuánto tenemos que construir, sino para quién», vino a resumir el candidato socialista, que situó la vivienda asequible y protegida en el centro de su propuesta.

Sánchez defendió que el mercado inmobiliario necesita una intervención pública más intensa porque, según su valoración, no está garantizando el acceso a una vivienda a una parte importante de la población. Para explicar su planteamiento utilizó como referencia la intervención en el mercado energético y sostuvo que la regulación debe servir para equilibrar los intereses económicos con la función social de la vivienda.

El presidente aseguró que el Ejecutivo ha impulsado y construido 120.000 viviendas de protección oficial o asequibles durante su etapa de Gobierno. A esa cifra sumó un compromiso electoral de construir otras 100.000 viviendas durante la próxima legislatura, con el objetivo de que la vivienda protegida o asequible alcance el 6 % del parque residencial.

La propuesta supone situar la construcción de inmuebles públicos y protegidos como uno de los principales compromisos del PSOE para los próximos cuatro años.

Sánchez también ha responsabilizado a los gobiernos autonómicos del PP y Vox de no aplicar determinados mecanismos de la Ley estatal de Vivienda. A su juicio, esa falta de aplicación impide que algunas de las herramientas previstas puedan desplegarse plenamente y obliga al Gobierno central a buscar nuevas fórmulas legislativas.

La discusión sobre las competencias en vivienda constituye uno de los puntos de mayor enfrentamiento entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Aunque el Estado establece el marco general de la legislación, las administraciones autonómicas y locales tienen competencias esenciales en materia de suelo, urbanismo, promoción residencial y gestión de vivienda pública.

El PSOE quiere que la vivienda protegida conserve su carácter público

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones del presidente ha sido su defensa de que las viviendas protegidas permanezcan en el parque público y no puedan convertirse posteriormente en inmuebles libres a disposición del mercado.

La idea responde a una crítica que el PSOE viene realizando sobre la pérdida de protección de viviendas que fueron promovidas con recursos públicos y que, una vez agotados determinados plazos, podían incorporarse al mercado libre.

Sánchez defiende que los recursos destinados a construir vivienda asequible deben mantener su finalidad social a largo plazo. En su planteamiento, una vivienda financiada o promovida con fondos públicos no debería perder su protección simplemente porque transcurra el tiempo o cambie el Gobierno.

El programa electoral socialista desarrolla esta idea mediante el compromiso de constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, a través de nuevas construcciones y adquisiciones. El documento contempla que esos inmuebles puedan destinarse a venta o alquiler estable a precios asequibles, pero establece que la protección pública debe mantenerse de forma permanente.

También propone que los ingresos generados por ese parque se reinviertan en nuevas actuaciones residenciales, con el objetivo de ampliar progresivamente la oferta pública.

La propuesta incorpora además una dotación de recursos públicos equivalente al 1 % del PIB anual para favorecer el acceso a la vivienda, así como el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El PSOE quiere que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas construidas durante la aplicación de ese plan sean públicas o protegidas con carácter permanente. La finalidad es incrementar el peso del parque asequible y reducir la dependencia exclusiva de la oferta privada.

La regulación del alquiler y la intervención del mercado

La intervención pública que defiende Sánchez no se limita a aumentar el número de viviendas protegidas. El candidato socialista plantea también utilizar instrumentos regulatorios para contener los precios y evitar prácticas especulativas.

Entre las medidas contempladas en el programa figuran ampliar la duración de los contratos de alquiler, reforzar la protección de los inquilinos y facilitar que las administraciones puedan actuar sobre los mercados residenciales tensionados.

El documento incorpora asimismo medidas fiscales dirigidas a grandes propietarios y fondos de inversión que mantienen viviendas vacías, destinadas al alquiler turístico o arrendadas a precios considerados abusivos.

El planteamiento socialista pretende dar mayor prioridad al uso residencial permanente de la vivienda y limitar aquellas operaciones que, según el partido, reducen la oferta disponible para quienes necesitan alquilar o comprar una casa como residencia habitual.

En paralelo, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto-ley con medidas para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible. La norma, convalidada por la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre, incorpora restricciones a determinadas operaciones de compra por parte de grandes tenedores y fondos, además de medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Ese marco constituye una de las referencias legislativas sobre las que el PSOE pretende construir su política de vivienda durante la próxima legislatura.

Dos compromisos que el PSOE quiere convertir en argumentos para el 29N

Las intervenciones de María Jesús Montero en Jerez y de Pedro Sánchez sobre vivienda reflejan dos de los principales ejes sociales que el PSOE ha elegido para esta campaña: garantizar la actualización de las pensiones y ampliar el acceso a una vivienda asequible.

En el primer caso, los socialistas reivindican la revalorización conforme al IPC, la evolución de las cotizaciones y la recuperación del Fondo de Reserva como elementos para defender la continuidad del modelo público. En el segundo, apuestan por aumentar la oferta protegida, intervenir el mercado y evitar que los inmuebles promovidos con recursos públicos pierdan su finalidad social.

Ambas cuestiones forman parte del programa electoral presentado por la formación bajo el lema «La fuerza de la gente», que reúne 500 compromisos distribuidos en 114 páginas.

La campaña afronta ahora el reto de trasladar esas propuestas a un debate más concreto sobre su financiación, sus plazos de ejecución y las mayorías parlamentarias necesarias para ponerlas en marcha.

En el caso de las pensiones, el procedimiento para actualizar las prestaciones en 2027 ya ha comenzado, aunque todavía falta conocer el porcentaje definitivo. En vivienda, la promesa de construir 100.000 inmuebles adicionales y mantener la protección pública durante toda su vida útil se presenta como uno de los principales compromisos de Sánchez.

La dirección socialista pretende que estos mensajes lleguen especialmente a dos grupos de población: las personas mayores, preocupadas por la evolución de sus ingresos y la suficiencia de las prestaciones, y los jóvenes y familias que encuentran dificultades para acceder a una vivienda.

Con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, las pensiones y la vivienda se consolidan así como dos de los asuntos centrales de la oferta electoral del PSOE y como terrenos de confrontación con los proyectos que defienden las demás formaciones.

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