- La investigación permitió descubrir situaciones de hacinamiento, insalubridad y riesgo de derrumbe en varios alojamientos de Candasnos.
- Los trabajadores, contratados legalmente en sus países de origen para la campaña de recogida de fruta, sufrían además retenciones salariales por alojamiento y transporte.
La Guardia Civil detuvo a dos personas e investigó a otra por su presunta implicación en una operación relacionada con las condiciones en las que vivían cerca de 200 trabajadores temporeros en la comarca del Bajo Cinca, en la provincia de Huesca. La investigación, cuya información fue difundida el 24 de junio de 2025, también alcanzó a varias empresas frutícolas y de trabajo temporal.
Los trabajadores afectados eran ciudadanos extranjeros que se encontraban legalmente en España para participar en la campaña de recogida de fruta. Habían sido contratados en sus países de origen mediante el procedimiento de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), vinculado al Ministerio de Migraciones.
La operación comenzó a principios de junio de 2025, después de que la Guardia Civil recibiera tres denuncias que alertaban de las condiciones en las que residían cerca de 200 personas de distintas nacionalidades en dos domicilios y una finca situada en la localidad de Candasnos.
Las denuncias apuntaban a posibles vulneraciones de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. Tras iniciar las comprobaciones, los agentes encontraron situaciones que comprometían la seguridad y las condiciones básicas de habitabilidad de los alojamientos.
Cerca de 200 trabajadores alojados en condiciones precarias
Durante la investigación, los agentes comprobaron que alrededor de 50 personas vivían en dos domicilios de Candasnos. Entre ellas había dos familias con hijos menores de edad. Las viviendas presentaban un riesgo de derrumbe, según la información facilitada por la Guardia Civil.
La situación más numerosa fue localizada en una finca que antiguamente había funcionado como establecimiento hostelero. Allí se encontraban alojadas 147 personas de diferentes nacionalidades en condiciones de hacinamiento.
Los investigadores describieron unas instalaciones con importantes deficiencias de salubridad. Entre los problemas detectados figuraban la ausencia de una canalización adecuada de aguas fecales y una instalación eléctrica precaria que suponía un evidente riesgo de incendio.
Además, durante las inspecciones se observaron trabajos de construcción que se estaban realizando sin autorización. Las obras tenían como finalidad ampliar el número de habitaciones y aumentar la capacidad de alojamiento de la finca.
La acumulación de personas en espacios con deficiencias de seguridad y salubridad motivó la intervención de los servicios implicados para abordar la situación de los trabajadores afectados.
Dos detenidos por delitos contra los derechos de los trabajadores
Una vez recopilada la información y con la colaboración del Ayuntamiento de Candasnos y de los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, se llevó a cabo el registro de la finca.
La actuación concluyó con la detención de dos personas, de 61 y 52 años, por su presunta implicación en delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La investigación también incluyó a otra persona y a varias sociedades relacionadas con la actividad agrícola y la contratación de trabajadores temporales.
En concreto, fueron investigadas tres empresas frutícolas de la comarca del Bajo Cinca y tres empresas de trabajo temporal con sede en las provincias de Castellón, Barcelona y Madrid.
La operación permitió esclarecer las circunstancias en las que se había producido la contratación y el alojamiento de los temporeros, así como las relaciones existentes entre las personas y empresas implicadas.
Retenciones salariales por alojamiento y transporte
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue la vinculación que los agentes detectaron entre el propietario de los inmuebles y los empresarios relacionados con las compañías frutícolas y de trabajo temporal.
Según las comprobaciones realizadas, esa relación habría permitido obtener un beneficio económico mediante los servicios de alojamiento proporcionados a los trabajadores.
La Guardia Civil también constató que una de las empresas implicadas retenía parte del salario de los temporeros para cobrarles conceptos relacionados con el alojamiento, el transporte diario hasta el puesto de trabajo y otros servicios.
A estas prácticas se sumaban condiciones laborales consideradas abusivas por los investigadores. Entre ellas figuraba el pago diferido de cantidades destinadas a cubrir el billete de avión para el regreso de los trabajadores a sus países de origen.
Estas circunstancias formaban parte de las actuaciones dirigidas a esclarecer posibles vulneraciones de los derechos laborales de las personas contratadas para la campaña agrícola.
Los trabajadores habían sido contratados legalmente en sus países de origen
La investigación puso de manifiesto que los temporeros alojados en las instalaciones disponían de autorizaciones de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada dentro del sistema de migración circular.
Su contratación se había realizado en sus países de origen mediante el procedimiento GECCO, utilizado para gestionar contrataciones colectivas de trabajadores extranjeros destinados a desarrollar actividades laborales temporales en España.
Los afectados habían llegado para participar en la recogida de fruta, una actividad que requiere mano de obra durante determinados periodos del año.
La situación detectada en Candasnos evidenció que contar con autorización para residir y trabajar legalmente no había impedido que los empleados acabaran alojados en instalaciones con importantes deficiencias y sometidos, presuntamente, a prácticas abusivas relacionadas con sus salarios y los servicios asociados a su estancia.
Coordinación para realojar a los trabajadores afectados
Ante el riesgo existente en parte de las instalaciones y las condiciones en las que se encontraban alojadas las personas, se adoptaron medidas para reorganizar su alojamiento.
En coordinación con los Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Candasnos, se dispuso que una de las empresas afectadas se encargara de realojar a una parte de los trabajadores. El resto quedó bajo la responsabilidad de un representante de una de las empresas frutícolas.
La intervención contó con la colaboración de diferentes organismos y entidades para atender las necesidades derivadas de la situación.
En el dispositivo participaron la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, el Ayuntamiento de Candasnos, Protección Civil del Bajo Cinca y Cruz Roja.
Investigación dirigida por un juzgado de Fraga
La operación fue desarrollada por la Compañía de la Guardia Civil de Fraga y estuvo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Fraga, en la provincia de Huesca.
La investigación se centró en las condiciones de alojamiento de los temporeros, las posibles vulneraciones de sus derechos laborales y la relación económica entre los empresarios implicados y el propietario de los inmuebles.
La actuación permitió identificar las deficiencias existentes en los alojamientos, las prácticas relacionadas con las retenciones salariales y las circunstancias en las que se había organizado la contratación y estancia de los trabajadores.
Los hechos fueron comunicados por la Guardia Civil el 24 de junio de 2025. La información disponible no concreta la nacionalidad de los trabajadores afectados ni identifica públicamente a las personas o empresas investigadas.
