Una sentencia pionera da la razón a un agente de la Policía Local y obliga al Consistorio isleño a indemnizarle tras sufrir lesiones durante una intervención, abriendo la puerta a nuevas resoluciones favorables en otros procedimientos similares.
El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha informado de la obtención de una importante victoria judicial después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz haya dictado la primera sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de San Fernando por su negativa a indemnizar a policías locales que resultaron lesionados durante el ejercicio de sus funciones.
La resolución estima íntegramente la demanda presentada por un agente que sufrió lesiones mientras intervenía en defensa de sus compañeros y de la ciudadanía, reconociendo su derecho a percibir una indemnización y condenando al Consistorio al pago de la cantidad reclamada, además de los intereses legales y las costas judiciales.
Desde SIP-AN consideran que esta decisión judicial supone un importante revés para la política mantenida por el Gobierno municipal durante los últimos años, denunciando que las reclamaciones de los agentes afectados fueron ignoradas mediante silencio administrativo, obligándoles a acudir a los tribunales para reclamar derechos que, según la sentencia, les corresponden legalmente.
El sindicato recuerda que este fallo es el primero de un total de seis procedimientos judiciales promovidos por policías locales de San Fernando por circunstancias similares y que las cantidades reclamadas alcanzan aproximadamente los 70.000 euros, cifra que podría incrementarse considerablemente con la suma de intereses, costas y otros gastos derivados de los procesos.
Además, la organización sindical lamenta que el Ayuntamiento continúe sin garantizar una asistencia jurídica efectiva a los funcionarios municipales afectados por actuaciones relacionadas con su trabajo, una reivindicación histórica que, aseguran, sigue sin respuesta.
La sentencia refuerza el criterio de que la Administración no puede eludir su responsabilidad cuando sus empleados públicos sufren daños en cumplimiento de sus obligaciones profesionales y pone de manifiesto que la estrategia del silencio administrativo no solo no evita las condenas judiciales, sino que termina generando un mayor coste económico para las arcas públicas.
Desde SIP-AN aseguran que continuarán defendiendo los derechos de los agentes en todas las instancias necesarias y consideran que esta primera resolución favorable marca un precedente que podría influir decisivamente en el resultado de los procedimientos pendientes.
